Un posible aspirante a construir el muro fronterizo prometido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quería saber si las autoridades acudirían a ayudar a los trabajadores en caso de un “ataque hostil”. Otro preguntó si los empleados podían llevar armas de fuego en estados con leyes estrictas de control de armas, y si el gobierno les daría protecciones legales en caso de emplear fuerza letal.

El plazo de candidaturas para los primeros contratos de diseño vence el martes, y las empresas interesadas se preparan para lo peor si obtienen un trabajo potencialmente lucrativo.

Se espera que entre cuatro y 10 candidatos sean seleccionados para construir prototipos, según explicó un funcionario estadounidense con conocimiento de los planes, que habló bajo condición de anonimato porque no se han hecho públicos los detalles.

Los prototipos se levantarán en un tramo de aproximadamente 400 metros (un cuarto de milla) de terrenos federales en San Diego, a 37 metros (120 pies) de la frontera con México, aunque no se ha tomado una decisión final sobre el lugar exacto, indicó el funcionario. El gobierno espera gastar entre 200.000 y 500.000 dólares en cada modelo.

La Patrulla Fronteriza y la policía local establecerían una zona restringida en torno a las obras si fuera necesario, indicó el funcionario. Los departamentos de policía de San Diego y de la región indicaron el lunes que respetarán los derechos constitucionales de libertad de expresión y asamblea de cualquier manifestante pacífico que cumpla la ley.

Enrique Morones, director ejecutivo de Border Angels, dijo que su grupo piensa organizar protestas.

“Habrá muchas actividades diferentes -protestas, vigilias-, a ambos lados del muro”, explicó Morones, que dirige un grupo de defensa de la inmigración con sede en San Diego. “Rezamos y confiamos en que sean pacíficas”.

Michael Evangelista-Ysasaga, director ejecutivo de The Penna Group LLC, contratista en Fort Worth, Texas, dijo haber recibido en torno a una docena de amenazas de muerte desde que expresó su interés por presentar un proyecto. En uno de los casos, una mujer dijo que había contratado a un investigador privado para que lo siguiera.

Evangelista-Ysasaga dijo que presentó en parte porque quiere una amplia reforma migratoria. Asegurar la frontera, señaló, es un requisito previo para abrir una senda a la ciudadanía para millones de personas que viven en Estados Unidos sin permiso de residencia.

“No nos metimos en esto a la ligera”, dijo. “Lo estudiamos y dijimos, tenemos que ser una parte productiva de la solución”.

La construcción de un muro en la frontera con México fue una piedra angular de la campaña electoral de Trump y un blanco de ataque para sus detractores. El programa multimillonario a lo largo de las 2.000 millas de frontera tiene muchos críticos declarados, como la archidiócesis católica de México, que la semana pasada dijo que las empresas mexicanas que han expresado su interés por participar en la obra están traicionando a su país.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que elegiría en torno al 1 de junio a varios contratistas para que construyan prototipos, y que sólo identificaría a los ganadores de esa primera fase. La agencia dijo la semana pasada que los modelos deben tener unos 9 metros (30 pies) de largo y de 5,5 a 9 metros (de 18 a 30 pies) de alto.

Los ganadores deben presentar un plan de seguridad con detalles que incluyan “planes de contingencia, rutas y métodos de evacuación, zonas de reunión, disponibilidad o contratación de personal médico, número de agentes de seguridad, cualificación, años de experiencia, etcétera en caso de un ataque hostil”, según la oferta pública. Se requiere una cerca de alambre con alambre de espino en torno a la zona de obras. La agencia dijo que no proporcionaría seguridad.

También se pide a los postores que demuestren su experiencia “en la ejecución de proyectos de perfil alto, gran visibilidad y polémicos a nivel político”.

En respuesta a preguntas de las empresas en un sitio web para contratistas del gobierno, la agencia dijo que la Patrulla Fronteriza respondería en caso de necesidad si hubiera un ataque, pero que las empresas son responsables de la seguridad. El gobierno no permitirá exenciones a las leyes de control de armas ni dará inmunidad a las empresas cuyos trabajadores empleen fuerza letal.

El sitio para contratistas enumera más de 200 empresas que se suscribieron a las notificaciones por correo electrónico sobre el contrato de diseño, pero no estaba claro cuántas presentarían ofertas. Los candidatos deben haber trabajado en los últimos cinco años en proyectos de seguridad fronteriza o similar por un valor de 25 millones de dólares.

Ronald Colburn, que fue subdirector de la Patrulla Fronteriza cuando se levantaron cientos de millas de cercas durante el gobierno de George W. Bush, dijo que las empresas deben preparar formación para los trabajadores para que sepan cuándo buscar cobertura y quedarse donde están y cuándo retirarse.

“Probablemente, la mayoría de las organizaciones están acostumbradas a eso”, dijo Colburn, que se retiró en 2009. “Algunas podrían estar conociendo por primera vez esa clase de riesgo en las fronteras”.

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